La crisis migratoria en Ceuta ha dado un nuevo giro con la dimisión de Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad, un movimiento que abre un nuevo frente de contradicciones y responsabilidades sobre los sucesos del pasado 30 y 31 de julio. La renuncia, presentada este viernes, llega tras la publicación de los informes sobre el asalto masivo y, sobre todo, tras conocerse que Sanz mantuvo una conversación telefónica de once minutos con un agente del CNI el día anterior a los hechos, una comunicación que el propio delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, niega haber conocido. En el centro del torbellino, la figura del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, ha tenido que pronunciarse con dureza, calificando de «extrañísimo» lo ocurrido en la Delegación y considerando «muy poco probable» que su jefe de gabinete no hubiera trasladado la información recibida a su superior.
La dimisión de Gonzalo Sanz no ha sido un acto de repentina decidida. En su carta, el ahora exjefe de gabinete ha reafirmado que la información de mensajería escrita recibida del CNI el 29 de julio fue transmitida al propio delegado ese mismo día. Sanz ha tomado la decisión de dimitir «sin la más mínima acritud» hacia Miguel Ángel Pérez Triano, reconociendo que desde la Delegación se ha trabajado de forma «denodada» para lograr acciones por parte del Gobierno Central. Sin embargo, las versiones de los implicados comienzan a fisurarse de manera irreversible. Según ha podido saber Servimedia, este viernes hubo una reunión en la Delegación del Gobierno ceutí en la que se pidió a Sanz que asumiera responsabilidades, a lo que éste reafirmó que «advirtió al propio delegado» de los avisos del CNI. Frente a esto, el Delegado de Gobierno niega que conociese la llamada de once minutos y descarta, de momento, dimitir.
La grieta en la Delegación del Gobierno y la versión del CNI
La Delegación del Gobierno en Ceuta se ha limitado a repetir las palabras del delegado en la rueda de prensa del pasado 8 de septiembre, donde aseguró «que no tuvo conocimiento ni del contenido del mensaje de WhatsApp entre el jefe del Gabinete y un miembro del CNI, ni de la existencia de la llamada telefónica». En su comunicado oficial, la Delegación recalca que el mensaje del CNI «hacía referencia a movimientos detectados en redes sociales, coincidiendo con la Fiesta del Toro». La comunicación, según este versionado, se limitó a describir el tamaño de los grupos de seguidores, pero el CNI «no realizó en ningún momento una estimación del número de personas que efectivamente se iban a movilizar, ni valoró la probabilidad de que la convocatoria llegara a producirse». Esta desclasificación ha sido interpretada por los críticos como un intento de minimizar el papel del servicio de inteligencia, lo que contrasta con la existencia de la conversación telefónica de once minutos, un dato que sigue sin explicar de manera satisfactoria para gran parte de la oposición y la sociedad civil.
La respuesta del Gobierno ha seguido generando críticas durante toda la jornada. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado al Ejecutivo de «no contar la verdad» y ha denunciado un «auténtico desastre de gestión». Rueda ha insistido en que existieron «avisos previos» y ha cuestionado que, pese a ellos, «no se actuase de forma adecuada». La tensión política en Ceuta es palpable, y la figura del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, se convierte en el principal foco de las críticas. Mientras los ceutíes vuelven a salir a la calle para manifestarse en contra de la «invasión» sufrida los pasados días 30 y 31 de julio, centrando sus críticas sobre la gestión de Pérez, la situación de seguridad en la ciudad se mantiene en un estado de alerta constante.
Las consecuencias en el terreno y la sombra de la inseguridad
La crisis no se limita al plano político y administrativo; sus efectos se dejan sentir con crudeza en el terreno. La pasada noche, un incendio en el campamento de las naves del Tarajal ha calcinado 42 chabolas, un incidente que vuelve a evidenciar la precaria situación de los migrantes en la zona. Además, en otro punto de la ciudad, un vehículo ha salido ardiendo en el Polígono Virgen de África, junto a una guardería, un hecho que ha aumentado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha tenido que rechazar este viernes que la inseguridad que perciben los ciudadanos pueda calificarse de exagerada, en un intento de contener el descontento social que amenaza con extenderse más allá de las críticas a la gestión del Gobierno.
La situación en Ceuta sigue siendo un polvorín. La dimisión de Gonzalo Sanz, lejos de cerrar el chapter, ha abierto un período de incertidumbre y presión política sobre Miguel Ángel Pérez Triano. Mientras la oposición exige explicaciones y la sociedad civil organizada manifestó su descontento, el Gobierno central se ve obligado a responder a las acusaciones de negligencia. La crisis migratoria, que ya de por sí es un tema complejo y sensible, se ha convertido en un espejo de las fisuras internas del Gobierno y de las tensiones entre las diferentes administraciones. La gestión de la Delegación del Gobierno en Ceuta, y en concreto la figura de su delegado, se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes, y las próximas horas serán decisivas para determinar el rumbo de esta crisis que parece no tener fin a la vista. La necesidad de una gestión coordinada y transparente es más urgente que nunca, pero las contradicciones entre los implicados siguen obstaculizando cualquier camino hacia una solución.
