El estado de Oaxaca se encamina hacia un nuevo proceso electoral que, de cara a la ciudadanía, presenta un escenario demasiado familiar: el regreso de los mismos actores políticos de siempre, aquellos que han dominado la vida pública estatal con una estrategia recurrente que consiste en saltar de un cargo a otro sin que medien resultados tangibles para la población. Funcionarios que tras administraciones marcadas por el grisismo buscan una segunda oportunidad, legisladores que, pese a carecer de logros que presumir, ya aspiran a gobernar municipios o a alcanzar posiciones de mayor poder dentro de la estructura política estatal. La pregunta que debe resonar con fuerza en cada rincón de la geografía oaxaqueña es incómoda, pero necesaria: ¿Quiénes realmente están en condiciones legales, políticas y éticas de pedir nuevamente el voto de los oaxaqueños?
Porque una cosa es aparecer en una boleta y otra muy distinta merecer la confianza ciudadana. La confianza no se construye con fotografías, despensas distribuidas en tiempos de campaña ni promesas escritas en papel bond que el viento del olvido se lleva consigo. La confianza se construye con resultados concretos, con obras terminadas, con hospitales que funcionen, con caminos que conecten comunidades aisladas y con una seguridad pública que permita caminar tranquilos por las calles. Y precisamente eso, en Oaxaca, ha sido históricamente escaso.
La revisión de antecedentes: inhabilitaciones, deudores alimentarios y observaciones fiscales que deben salir a la luz
Antes de que cualquier aspirante a un cargo de elección popular pueda siquiera registrar su candidatura, existe un deber ineludible que es tanto legal como moral: rendir cuentas. Habría que revisar a quienes tengan inhabilitaciones firmes dictadas por instancias competentes, a quienes aparezcan en registros públicos de deudores alimentarios y a quienes arrastren observaciones, inconsistencias o procedimientos derivados del manejo de recursos públicos durante administraciones anteriores. Un político que debe dinero a sus hijos, a sus ex parejas o a instituciones financieras no está en posición ética de hablar de responsabilidad pública. Si alguien pretende representar a los ciudadanos, primero debe responder por sus propias obligaciones individuales.
Las restricciones legales deben aplicarse donde corresponden, sin contemplaciones ni filtros políticos. Pero más allá de lo estrictamente jurídico, el comportamiento de un aspirante debe ser evaluado por el electorado con un lupa que antes no se había utilizado con la suficiente rigurosidad. Gobernar también es responder, y cada vez que un ciudadano deposita un voto en una urna, está otorgando un mandato que no puede ser revocado fácilmente. Por eso, quienes administraban dinero público y ahora pretenden obtener otro cargo deben explicar con precisión qué hicieron con los recursos, qué dejaron pendiente, qué observaciones recibieron de la Auditoría Superior de la Federación y si estas fueron solventadas de manera integral.
Es importante aclarar que una observación de la Auditoría Superior de la Federación no significa automáticamente una inhabilitación ni una culpabilidad probada. Sin embargo, tampoco puede esconderse debajo de la alfombra ni tratarse como un detalle menor sin importancia. La transparencia debe ser el principio rector de cualquier proceso electoral. La ciudadanía tiene un derecho fundamental: saber cómo se manejaron los recursos públicos durante los períodos anteriores para poder tomar una decisión informada. Omitir esta información equivale a privar al electorado de herramientas esenciales para su deliberación democrática.
Los eternos aspirantes: fotografías en lugar de resultados y la banalidad del reciclaje político
Después están los llamados eternos aspirantes. Diputados y senadores que durante sus gestiones prometieron representar dignamente a Oaxaca, pero cuyo desempeño legislativo o administrativo dejó más fotografías con funcionarios que resultados reales para las comunidades. Ahora, sin mediación alguna entre la falta de logros y la ambición de poder, buscan presidencias municipales, nuevos cargos legislativos o posiciones dentro de los gobiernos estatales y federales. La lógica del reciclaje político opera bajo el supuesto de que una nueva campaña puede borrar una mala administración, que una imagen renovada puede sustituir los resultados que nunca llegaron.
¿De verdad debemos premiar la falta de resultados con otro cargo público? La memoria política de Oaxaca parece durar únicamente tres años, el período constitucional de un gobierno municipal. Algunos actores apuestan a que este intervalo de tiempo sea suficiente para que la ciudadanía olvide las promesas incumplidas, las obras inconclusas y los problemas financieros heredados. Apostar a la olvidada de la memoria ciudadana es, en sí mismo, una estrategia política que revela la desconfianza que estos personajes tienen de su propio desempeño. Si los resultados fueran sólidos, no habría necesidad de esconderse detrás de una nueva imagen.
También están quienes ya gobernaron y ahora pretenden regresar. Personajes que dejaron administraciones profundamente cuestionadas, con obras a medias, problemas financieros heredados a las siguientes gestiones y una gestión mediocre que dejó huellas negativas en la infraestructura y los servicios públicos del estado. Estos personajes ahora se presentan ante el electorado con la misma retórica de cambio y transformación que los llevó al poder en su momento, convencidos de que el electorado olvidará lo que vivieron durante su administración previa. ¿La memoria política de Oaxaca dura solamente tres años? Parece que algunos de estos actores apuestan a que así sea, a que una fotografía nueva, una despensa distribuida o una promesa repetida puedan sustituir los años de atraso que dejaron a su paso por el poder.
El costo humano de las malas decisiones: pobreza, inseguridad e infraestructura abandonada
Oaxaca no puede seguir votando de la misma manera. El estado posee recursos naturales, talento humano, una cultura extraordinariamente rica y enormes posibilidades de desarrollo. Sin embargo, sigue padeciendo pobreza estructural, marginación severa, inseguridad pública, infraestructura insuficiente, servicios deficientes en salud y educación, y comunidades que continúan esperando respuestas que nunca llegan. Las malas decisiones políticas no son un concepto abstracto: tienen un costo humano que se mide en vidas afectadas, en oportunidades perdidas y en futuros comprometidos.
No se trata solamente de cuánto dinero se gasta en una campaña electoral, aunque ese gasto también representa recursos que podrían haberse destinado a atender necesidades básicas de la población. El verdadero costo de una mala administración está en los años perdidos: en hospitales que no funcionan o que carecen de medicamentos esenciales, en caminos que no llegan a las comunidades más apartadas, en escuelas abandonadas donde los niños aprenden bajo techos de lámina, en obras inconclusas que representan desperdicio de recursos públicos bajo sospecha. Tres años de una mala administración pueden significar tres años de atraso para una comunidad completa. Y seis años de una decisión política equivocada pueden comprometer el futuro de todo un estado, condenando a generaciones enteras a la misma situación de desigualdad y abandono.
Si se compara con otras experiencias democráticas en América Latina, como las que se viven actualmente en provincias argentinas donde los electores han comenzado a castigar la continuidad de gobernantes sin resultados —como ocurre en Tucumán, donde la intención de voto muestra un rechazo creciente a la repetición de esquemas políticos agotados—, la tendencia global es clara: las ciudadanías están exigiendo rendición de cuentas de manera más contundente. Oaxaca no puede quedarse al margen de esta transformación democrática que ya está en marcha en otras latitudes del continente.
La auditoría ciudadana: antes de votar, hay que preguntar qué hizo cada candidato
Por estas razones, la próxima elección en Oaxaca debe convertirse en una verdadera auditoría ciudadana. Antes de preguntar qué promete un candidato, hay que preguntar qué hizo. Antes de escuchar lo que ofrece, hay que revisar lo que dejó. Antes de entregarle otros tres o seis años de poder, hay que preguntarse qué hizo con los tres o seis años que ya tuvo. No se trata de un ejercicio de revanchismo político, sino de responsabilidad colectiva. Cada votante tiene el poder y la obligación de evaluar el historial de quienes buscan su voto, sin concesiones ni atajos.
La responsabilidad de transformar el sistema político oaxaqueño ya no recae únicamente en los partidos políticos, en las dirigencias ni en los organismos electorales. La responsabilidad fundamental está en cada ciudadano frente a la boleta. Oaxaca tiene que despertar de ese letargo electoral que ha permitido el reciclaje constante de figuras políticas sin resultados. Se necesita una ciudadanía incómoda, que revise antecedentes, resultados, cuentas públicas y sanciones firmes; que no vote solamente por un color, un partido, una fotografía o una promesa vacía.
Oaxaca no necesita políticos expertos en ganar elecciones. Necesita servidores públicos capaces de entregar resultados concretos, obras terminadas, servicios eficientes y una gestión transparente que rinda cuentas a la población. El verdadero desafío no es encontrar candidatos carismáticos, sino identificar a quienes tengan la capacidad, la ética y el compromiso para gobernar pensando en el colectivo y no en el beneficio personal. La próxima elección será el termómetro de si Oaxaca ha comprendido esta lección o si está condenado a repetir, una y otra vez, los mismos errores que lo han mantenido rezagado durante décadas.
«Gobernar también es responder. Y antes de entregarle otros tres o seis años de poder, hay que preguntarnos qué hizo con los tres o seis años que ya tuvo.»
Una decisión que definirá el futuro: votar con criterio o seguir pagando el precio del reciclaje
El proceso electoral que se avecina en Oaxaca no es simplemente una contienda más dentro del calendario político nacional. Es una oportunidad histórica para que la ciudadanía demuestre que ha aprendido de los errores del pasado y que está dispuesta a exigir estándares de calidad, transparencia y resultados a quienes busquen su respaldo. El reciclaje político tiene un costo que ya se ha pagado suficientemente: años de promesas incumplidas, infraestructura deteriorada, servicios públicos deficientes y una confianza ciudadana erosionada hasta límites peligrosos.
Si Oaxaca quiere romper con este ciclo, debe hacerlo desde la raíz: desde el momento en que cada elector decide a quién votar. No se trata de buscar al candidato perfecto, porque la perfección política no existe. Se trata de exigir que quienes aspiren al poder demuestren, con hechos y no con discursos, que están preparados para gobernar. La ciudadanía tiene en sus manos la herramienta más poderosa de la democracia: el voto. Y con ese voto puede castigar la mediocridad o premiar el esfuerzo genuino por transformar la realidad estatal.
El reto es enorme, pero no imposible. Oaxaca tiene talento, tiene cultura, tiene recursos y tiene una sociedad civil que, en los momentos más críticos, ha demostrado que puede organizarse y exigir cambios. Lo que falta es que esa misma energía se traslade al momento de emitir el voto, que esa misma indignación se convierta en un filtro riguroso que impida el regreso de quienes ya demostraron que no están a la altura de las necesidades del estado. Oaxaca tiene que despertar, y ese despertar debe comenzar hoy, antes de que las campañas comiencen a llenar las calles de promesas vacías y fotograficas que, como ha ocurrido demasiadas veces, se borrarán con la primera mala administración.
La responsabilidad es de todos. El futuro es ahora. Y la decisión, por primera vez en mucho tiempo, está verdaderamente en manos de quienes históricamente han sido los más olvidados: los ciudadanos.
