La tradicional cita de verano entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno en el Palacio Real de la Almudaina de Palma, que este miércoles ha servido de escenario para un intercambio de declaraciones que han vuelto a centrar el foco de atención en la compleja relación entre la Monarquía y el Ejecutivo, no debió convertirse en un campo de batalla política. Sin embargo, las palabras de Pedro Sánchez, al referirse públicamente a la ausencia de Felipe VI en Ceuta y Melilla y al comparar directamente sus desplazamientos con los del monarca, han abierto un debate que va más allá de una simple organización de agendas. Lo que subyace en estas afirmaciones es una atribución de responsabilidad que, desde un punto de vista constitucional y protocolario, no corresponde al Rey, sino que es fruto de una coordinación institucional que el propio Gobierno ahora parece dispuesto a asumir.
La diplomacia de la soberanía: por qué la visita requiere al Gobierno
La visita del monarca a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no es un mero acto de presencia institucional; es un gesto de profundo significado político y diplomático. En un contexto marcado por las reivindicaciones marroquíes sobre este territorio, la presencia del representante de la Corona expresa de manera inequívoca la soberanía española. Este tipo de desplazamientos, por sus implicaciones internacionales, no puede ser un decision unilaterala de la Casa del Rey. Como se recordará, la visita de Juan Carlos I a ambas ciudades en 2007 provocó la llamada a consultas del embajador marroquí y la suspensión temporal de reuniones bilaterales de alto nivel, un episodio que demuestra la sensibilidad geopolítica de estos actos.
Por ello, la organización de un viaje de estas características requiere necesariamente la intervención y el consenso del Gobierno. No se trata de una cuestión de voluntad o de iniciativa personal del monarca, sino de una responsabilidad compartida. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya manifestó el pasado 6 de agosto, tras su reunión con Felipe VI, que el monarca estaba comprometido con realizar la visita. Ahora, el Ejecutivo sostiene que ha llegado el momento de organizarla y que comenzará a trabajar en ello. Esta postura confirma que la cuestión está en el ámbito de la responsabilidad conjunta entre la Jefatura del Estado y el Gobierno, y no en el de una supuesta falta de disposición o de iniciativa por parte del Rey. Comparar la actividad del presidente con la agenda institucional del monarca confunde deliberadamente las funciones que la Constitución les asigna a cada uno.
La neutralidad en juego: cuando la Corona se convierte en un espejo de la confrontación partidista
La Constitución Española atribuye al Rey funciones constitucionales, pero no le otorga responsabilidad política ni capacidad de dirección política autónoma. Sus actos requieren el refrendo de quienes asumen la responsabilidad política derivada de ellos. Esta es la razón por la que resulta inadecuado, y potencialmente dañino para la institución, que el Gobierno convierta al titular de la Corona en parte de una controversia política. La neutralidad de la Jefatura del Estado es un pilar fundamental para la confianza en las instituciones, y episodios como la gestión de la dana de Valencia o controversies protocolarias anteriores muestran cómo la Corona puede quedar incorporada inadvertidamente a la confrontación entre partidos.
Estos precedentes aconsejan, más que nunca, separar de manera estricta las decisiones del Gobierno de las funciones del jefe del Estado. Si el Ejecutivo considera ahora conveniente la visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, el camino correcto es facilitarla y asumir las atribuciones que le corresponden. Presentar, en cambio, la ausencia del Rey como un contrapunto a la actuación del presidente es una maniobra improcedente que confunde los roles institucionales y puede erosionar la confianza ciudadana en la estabilidad del sistema. El debate sobre la Monarquía es legítimo y forma parte del pluralismo democrático, pero no lo es que el Gobierno utilice a su propio titular como un adversario político en lugar de como un interlocutor institucional. La estabilidad del marco constitucional exige que cada uno ocupe su espacio, y en este espacio, el Rey no tiene rivales políticos, sino que es el garante de la unidad nacional.
En un contexto de tensiones como el que se vive en Murcia bajo asedio, donde la soberanía nacional es cuestionada por redes de contrabando, y en un país donde la cohesión institucional es más crucial que nunca, la labor del Rey como símbolo de la unidad debe ser preservada de las contiendas del día a día. La respuesta a las críticas no debe ser más confrontación, sino una mayor claridad sobre los límites de cada cargo. La visita a Ceuta y Melilla puede y debe ser un ejemplo de esa coordinación institucional que, finalmente, el Gobierno parece dispuesto a asumir, demostrando que la responsabilidad compartida es la vía más adecuada para preservar tanto los intereses del país como la dignidad de la Corona.
