Un trabajo exhaustivo de la consultora Isasi/Burdman, ejecutado durante la primera quincena de agosto de 2026, ha revelado un escenario político volátil de cara a las elecciones provinciales del año próximo. Con 945 casos presenciales levantados en ocho localidades de la provincia —San Miguel, Banda del Río Salí, Alderetes, Yerba Buena, Tafí Viejo, Famaillá, Monteros y Concepción—, el relevamiento expone una Tucumán profundamente dividida entre quienes buscan un cambio radical de rumbo y quienes defienden la gestión actual, con La Libertad Avanza encabezando la intención de voto pero enfrentando una paridad técnica casi absoluta contra el peronismo en las candidaturas individuales.
Paridad técnica en las candidaturas y fragmentación del electorado tucumano
Cuando se miden las preferencias por sellos partidarios, el espacio que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, Tucumán Primero / PJ, aparece como la principal fuerza opositora con el 28,6%, apenas dos puntos porcentuales debajo del 31% que cosecha La Libertad Avanza. Sin embargo, la fotografía se complica para cualquier pronóstico definitivo cuando el foco se desplaza hacia los nombres propios. En una carrera que se define con apenas 0,4 puntos de diferencia, Jaldo obtiene un 29,3% frente al 28,9% de Lisandro Catalán, candidato de Cambiemos. Esta paridad se mantiene incluso cuando se analizan otros escenarios: en una hipótesis donde Juan Manzur —actual ministro y referente de Fuerza Patria / PJ— no encabeza la boleta peronista, Jaldo sube al 30,7% y Catalán al 29,4%, pero la cantidad de indecisos se eleva hasta el 23,5%, revelando una base electoral extremadamente volátil.
El resto del espectro político aparece fragmentado y lejano a las principales opciones. Manzur acumula apenas el 6,6% de intención de voto, seguido por Alejandra Arréguez del Frente de Izquierda con el 4,9%, Mariano Campero de Cambia Tucumán con el 3,7%, y Ricardo Bussi de Fuerza Republicana con el 3,5%. Este desperdicio del voto opositor y la elevada cantidad de indecisos —que rondan el 20,6% en el escenario actual— sugieren que cualquier error de campaña o cambio en las alianzas podría reconfigurar por completo el tablero electoral. De hecho, un estudio de opinión a nivel nacional ha demostrado que un porcentaje similar de la población argentina no se identifica con ningún espacio político, lo que refleja una crisis de representación que en Tucumán se traduce en una masa de votantes suspendida entre la esperanza de cambio y el miedo a lo desconocido.
Contraste entre la aprobación nacional y el rechazo provincial
El estudio de Isasi/Burdman expone una dicotomía reveladora en la percepción de las gestiones de gobierno. Mientras que la administración del presidente Javier Milei concentra un 47% de aprobación frente a un 42,7% de desaprobación, la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo registra números más flojos: un 41,7% de respaldo contra un 45,3% de rechazo. Esta inversión en las preferencias —donde el mandatario nacional aprueba y el provincial reprueba— ilustra el descontento específico con la administración local, que contrasta con el entusiasmo que genera la gestión nacional en sectores de la población.
En este contexto, un 62% de los consultados se manifiesta a favor de «un cambio» en la provincia para las elecciones de 2027, mientras que solo un 27,9% prefiere la continuidad de la gestión actual. La brecha es tan amplia que obliga a los estrategas peronistas a buscar fórmulas de renovación o a enfrentar el desgaste natural de una gestión que, según los números, ya ha perdido la mitad más uno de la opinión favorable. La pregunta que ronda en la campaña no es tanto si el peronismo puede ganar, sino si podrá siquiera contener la hemorragia de votos que lo separa del espacio que lidera La Libertad Avanza.
La corrupción como eje de la agenda y la apuesta por la renovación política
Las preocupaciones que aquejan a la sociedad tucumana dibujan un mapa de urgencias que condicionará la campaña electoral. En el orden provincial, la corrupción encabeza el listado de problemas percibidos con el 21,7%, seguida de cerca por el desempleo con el 20,9% y la pobreza con el 16,8%. A nivel nacional, el panorama se repite con la corrupción como principal flagelo (23,9%), acompañada por la inflación (17,4%) y el desempleo (16,8%). La preeminencia de la corrupción como tema transversal sugiere que, más allá de las diferencias partidarias, la demanda de transparencia y rendición de cuentas es el denominador común que moviliza al electorado.
Esta alarma social se ve amplificada por el rechazo a la política tradicional. Un 62,1% de los encuestados afirmó estar de acuerdo con la premisa de que «en Tucumán, una persona que viene con ideas nuevas podría gobernar mejor que un político con experiencia», mientras que solo un 32,4% se mostró en desacuerdo. Este dato revela una sociedad que, lejos de romanticizar la experiencia institucional, apuesta por la innovación ante la percepción de que la vieja política no ha resuelto los problemas estructurales. La comparación con casos de redes corruptas en otras regiones del país sirve para ilustrar cómo la corrupción no solo es un problema económico, sino una herida abierta en la confianza institucional que obliga a los candidatos a presentar propuestas de integridad como su principal carta de presentación.
La metodología del relevamiento, que ponderó los casos según localidad, sexo y grupos de edad con la participación de 5 encuestadores de campo y 2 coordinadores, otorga validez estadística a estos hallazgos. Las ocho localidades seleccionadas cubren tanto el área metropolitana de San Miguel de Tucumán como localidades del interior provincial, permitiendo captar las diferencias entre el electorado urbano y rural. Con un margen de error que no fue explicitado pero que puede inferirse de la muestra de 945 casos, los resultados señalan que la disputa por la gobernación estará definida en los últimos meses de campaña, donde la capacidad de movilizar a los indecisos y de evitar la fuga de votos propios será determinante.
De cara a las elecciones de 2027, el escenario se presenta como uno de los más abiertos y disputados de los últimos años en la provincia. La ventaja de La Libertad Avanza como sello partidario, la paridad técnica entre los principales candidatos, el rechazo mayoritario a la continuidad y la prioridad absoluta de la renovación política configuran un cóctel explosivo que promete una contienda reñida. Mientras la corrupción y el desempleo siguen dominando la agenda social, los protagonistas tendrán que navegar entre la exigencia de cambios estructurales y la necesidad de garantizar estabilidad administrativa, en una provincia que, según los números, ya decidió que el statu quo no es la opción.
