El sistema educativo catalán se ha quedado sin su principal radiografía internacional. La OCDE ha invalidado la muestra de Catalunya para la edición de 2025 del informe PISA, el referente global que cada tres años mide las competencias en comprensión lectora, matemáticas y ciencias del alumnado de 15 años con una metodología común. La decisión no es un trámite burocrático menor: supone la pérdida de la única herramienta que permite comparar la evolución del sistema con el resto de España, los países de la OCDE y las ediciones anteriores, justo en el momento en que los indicadores alertaban de un retroceso histórico.
La exclusión llega tras detectarse que un 23,2% del alumnado seleccionado para realizar las pruebas fue eximido de participarlas, una cifra que cuadruplica con creces el umbral máximo del 5% establecido por el organismo internacional para garantizar la representatividad estadística de la muestra. En números absolutos, 591 estudiantes quedaron fuera del proceso, la inmensa mayoría alegando necesidades específicas de apoyo educativo, seguidos de casos de dominio insuficiente de la lengua vehicular o discapacidad física. Esta sangría muestral impide que los resultados tengan validez comparativa, dejando a la administración educativa ciega ante la evolución de sus propias políticas.
El retroceso previo y la pérdida de la radiografía
La gravedad del vacío de datos se magnifica al observar la trayectoria reciente. Entre 2015 y 2022, el rendimiento del alumnado catalán se desplomó entre treinta y cuarenta puntos en las tres competencias evaluadas. Los expertos equiparan esta caída a la pérdida de casi un curso escolar completo de aprendizaje. Las pruebas de 2025 estaban llamadas a ser el primer termómetro fiable para comprobar si las medidas correctoras impulsadas desde el Departament d’Educació i Formació Professional tras aquel batacazo habían comenzado a surtir efecto. Esa posibilidad de evaluación —esencial para la rendición de cuentas pública— se ha evaporado por un fallo en la ejecución del muestreo.
La consellera Esther Niubó compareció en el Parlament para asumir que el Departament no disponía de «protocolos claros» para controlar el desarrollo de las pruebas. La responsable política apuntó como hipótesis de trabajo la coincidencia temporal de las pruebas PISA con las evaluaciones de final de etapa, lo que pudo generar una «confusión» en la aplicación de los criterios de exención por parte de los centros. Sin embargo, Niubó evitó identificar una causa raíz concreta y emplazó a la conclusión de las diligencias internas abiertas para depurar responsabilidades. La comparecencia dejó más interrogantes que certezas sobre la cadena de mando y control.
Preguntas sin respuesta: supervisión, tiempos y responsabilidad
Más allá de la admisión de la falta de protocolos, persisten zonas de sombra que la mera creación de una futura comisión de coordinación de pruebas no disipa. Se desconoce aún quién tenía la responsabilidad última de verificar la correcta aplicación de los criterios de exención dictados por la OCDE antes de remitir la muestra definitiva. Tampoco se ha explicado por qué los mecanismos de supervisión interna no detectaron la desviación masiva —superior al 23%— en tiempo real, permitiendo que la muestra contaminada llegara al organismo internacional.
El factor temporal añade una capa de opacidad política a la gestión técnica. La incidencia era conocida por el Departament desde marzo, sin embargo, la comunicación pública no se produjo hasta finales de julio. Ese lapso de cuatro meses sin transparencia impide saber si hubo intentos de subsanación, negociaciones con la OCDE o simplemente una gestión reactiva tardía. La Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació ha sugerido que la reorganización de los órganos de evaluación podría explicar lo sucedido, pero esa tesis no ha quedado acreditada documentalmente ni ha sido contrastada de forma independiente.
Lo técnico es político: el debate sobre la dirección de la administración
El editorial que destapó la crisis en El Periódico subraya una tesis central: reducir lo sucedido a una mera «incidencia técnica» es insuficiente y peligroso. Los procedimientos, los protocolos y los mecanismos de supervisión son la infraestructura invisible de la acción de gobierno. Cuando fallan, la responsabilidad no reside solo en el escalón ejecutivo que pulsa el botón, sino en la dirección política que diseña la arquitectura de control y nombra a quienes deben garantizarla. La creación de nuevos protocolos a posteriori es necesaria, pero no exime de analizar por qué los anteriores —o su ausencia— no fueron detectados como un riesgo sistémico.
La distinción entre responsabilidad técnica y política se diluye cuando la falta de control se convierte en sistémica. La ciudadanía tiene derecho a saber si la exclusión de 591 estudiantes responde a una descoordinación administrativa puntual o a una cultura de la exención laxa, tolerada o incentivada desde la cúpula para maquillar resultados o aliviar presión en los centros. Hasta que las diligencias internas —y previsiblemente las externas— no aclaren la cadena de decisiones, la sombra de la responsabilidad política planea sobre la conselleria. La credibilidad del sistema educativo catalán, ya tocada por la caída en picado de los indicadores, depende ahora de una transparencia radical que vaya más allá de la nota de prensa correctora.
Medidas correctoras y el futuro de la evaluación
El Departament ha anunciado la creación de una comisión de coordinación de pruebas y el diseño de nuevos protocolos de control para blindar futuras participaciones en evaluaciones internacionales. Es un paso obligatorio, pero llega tarde para la cohorte de 2025. La siguiente cita PISA será en 2028, lo que significa que Catalunya acumulará un vacío de datos de seis años (2022-2028) en el principal comparador educativo mundial. En ese intervalo, la comunidad educativa, las familias y los gestores navegarán sin brújula externa, dependiendo exclusivamente de evaluaciones internas cuyo diseño y rigor no son comparables internacionalmente.
Este escenario obliga a replantear la gobernanza de la evaluación educativa. No basta con endurecer los criterios de exención; hace falta una auditoría profunda de cómo se comunican las instrucciones a los centros, cómo se forma al profesorado aplicador y cómo se auditan los datos en tiempo real antes del envío final. La confianza en el sistema no se recupera con una comisión, sino con la demostración fehaciente de que se ha entendido la raíz del fallo. Mientras tanto, la exclusión de Catalunya de PISA 2025 se erige como un caso de estudio sobre la fragilidad de las infraestructuras de rendición de cuentas en la administración pública.
El coste de la opacidad
La invalidación de la muestra catalana en PISA 2025 no es un accidente estadístico, es el síntoma de una falla en los controles de calidad democráticos. Perder la comparabilidad internacional en el momento de mayor debilidad diagnóstica —tras una caída de 40 puntos— priva a la sociedad de la evidencia necesaria para exigir mejoras o rectificar el rumbo. La gestión de la crisis, con un silencio de cuatro meses y una comparecencia que reconoció la ausencia de protocolos sin depurar responsabilidades concretas, alimenta la sospecha de que lo técnico oculta una dejación política. Recuperar la muestra para 2028 exigirá no solo nuevos formularios, sino una cultura de la transparencia y la exigencia que hoy, por los hechos, brilla por su ausencia. Para seguir la actualidad de otros ámbitos de interés público, pueden consultar nuestra cobertura sobre <a href="https://diarioelsur.com/actualidad/alimentos-ricos-en-fibra/" target="blank» rel=»noopener»>alimentación y salud o el análisis sobre la <a href="https://diarioelsur.com/campo-y-medio-ambiente/el-campo-se-revuelve-ante-las-prohibiciones-para-cosechar/" target="blank» rel=»noopener»>situación del sector primario.
